DIAGONAL

3-16 de abril de 2008

Carolina Yacamán, Redacción

El Estado español ha puesto en marcha un proyecto de investigación para enterrar el CO2 que emana de sus 80 centrales térmicas y cumplir así sus compromisos de Kyoto sin dejar de contaminar.

La Unión Europea se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 8% entre 2008 y 2012 para cumplir con el Protocolo de Kyoto. Actualmente los Estados miembros de la UE tienen en marcha una estrategia compartida para cumplir dichos objetivos, principalmente en el sector de la energía. Sin embargo, el Estado español sigue siendo el país de la UE que más se aleja de cumplir los objetivos marcados desde la firma del acuerdo. Esto se debe, en gran medida, a las fuentes utilizadas para la producción de energía y también a las emisiones producidas por el transporte, según el Informe sobre la Situación del Cambio Climático en España elaborado para el Ministerio de Medio Ambiente en noviembre de 2007.

El reto que debe afrontar el Gobierno español para cumplir con los compromisos de Kyoto no es sencillo, puesto que su economía basa la producción de electricidad principalmente en combustibles fósiles, primando así las centrales térmicas sobre las fuentes renovables. En cuanto a las emisiones producidas por la movilidad de personas y mercancías, es el segundo país europeo con mayor densidad de autovías y autopistas, convirtiendo al transporte motorizado en una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Hasta ahora las políticas ambientales del PSOE en su lucha contra el cambio climático no han sido suficientes para cumplir con los objetivos marcados por la UE, lo que ha obligado al Gobierno central y a representantes del sector energético a buscar soluciones alternativas. Para ello, se ha puesto en marcha un proyecto de investigación para la captación y almacenamiento del dióxido de carbono que emana de las 80 centrales térmicas del país.

Los riesgos de enterrar CO2

El proceso por el cual se inyecta gas a una distancia de 1 km bajo tierra provoca una reacción con determinados minerales del subsuelo que solidifican el gas. El Instituto Geológico y Minero ha presentado once enclaves a lo largo del Estado que cumplen las características necesarias como potenciales sumideros de CO2, en zonas maritimas (plataforma continental de Cantabria, Asturias, Vizcaya y la bahía de Huelva) y en tierra firme (Madrid, Palencia, Zaragoza, Teruel, Ciudad Real y Alicante). Por el momento, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas construirá una planta experimental en Ponferrada con un coste de 90 millones de euros. El director general de Medio Ambiente, Javier García Oliva, estima que habrá que esperar un plazo de 20 años hasta que se ponga en práctica el plan de los sumideros.

Esta apuesta por la lucha contra el cambio climático no agrada a los grupos ecologistas, que manifiestan que este tipo de tecnologías es un instrumento trampa para cumplir con las emisiones establecidas por el Protocolo de Kyoto, puesto que el almacenamiento de CO2 bajo tierra no supone una reducción real de sus emisiones ni plantea ninguna alternativa al modelo de producción energética imperante. La Coordinadora Ecologista de Asturias advierte de los “graves riesgos” que pueden entrañar los depósitos de CO2 en el interior de la tierra o en fondo del mar. Según Fructuoso Pontigo, portavoz de esta coordinadora, nadie puede garantizar la estabilidad de estos depósitos, ni tampoco su duración, por lo que “no podemos hablar de una solución definitiva. Podría haber un movimiento sísmico o un desprendimiento, con el riesgo de filtrar el CO2 a las aguas, o a la atmósfera”.

Otro tema grave es el impacto y la agresión que suponen las obras para el traslado del CO2, desde las fuentes de emisión hasta los sumideros, sumado al coste energético asociado al traslado de este gas. Para el portavoz ecologista “esto es un movimiento de cara la galería, pues en España no hay suficiente tecnología para la puesta en marcha del soterramiento del CO2, ni tampoco se han hecho suficientes estudios geológicos al respecto”. Para el grupo ecologista, esta técnica supone “pasar una vez más el problema a las generaciones futuras, y esconder la basura debajo de la alfombra”.