Iberdrola seca un tramo del río Sil para ampliar una central hidráulica
El retraso de la Xunta en regular la Red Natura permite ejecutar las obras

Fuente: El País-Galicia

CRISTINA HUETE - Ourense - 16/07/2009
 

Galicia es territorio sin ley para el uso de los Lugares de Interés Comunitario (LIC). La Red Natura 2000, el circuito ecológico europeo de las áreas naturales que deben protegerse del impacto adverso que causan las actividades humanas, no es más que teoría en esta comunidad. La Xunta aún no ha aprobado, pese a que tiene de plazo hasta fin de año, la Lei de Uso de los LIC a la que está obligada por la Unión Europea desde 2004. La ausencia de legislación supone dejar las manos libres al impacto que provocan las empresas que operan en espacios teóricamente protegidos.

    El Ministerio de Medio Ambiente asegura que no han muerto peces

El Canón do Sil es un LIC incluido en el listado que España envió a Bruselas de sus lugares protegidos de Red Natura. Pero la empresa Iberdrola que construye la nueva central de Santo Estevo II (una ampliación en caverna de la de Santo Estevo I, aguas del Sil abajo) ha secado el río a lo largo de un kilómetro para poder construir sin el estorbo de la corriente, ha colocado encima los camiones y ha volcado en el entorno los escombros mediante un incesante y ruidoso trajín de camiones. Todo ello sin incumplir ley alguna, según el ministerio.

Sencillamente, en Galicia no se aprobó el plan de conservación de uso de los lugares protegidos y el Ministerio de Medio Ambiente autorizó, ya que no constaba prohibición ni reparo de la Xunta, la construcción de la nueva central hidroeléctrica. En el BOE del 8 de julio de 2008 consta el permiso del ministerio a la vista de que no habrá apenas afección. "No se prevén riesgos para la ictiofauna en el desagüe ya que éste se plantea completamente sumergido, permanentemente inundado y comunicado con el embalse de San Pedro", señala respecto a los impactos en la fauna acuícola. Sobre la terrestre, se prestará "especial atención" a los quirópteros (murciélagos).

La orden comunitaria que exige la regulación del uso de los lugares protegidos es de 2004. Pero ni el Gobierno de Fraga hizo nada, ni el bipartito, que la redactó, consiguió aprobarla. "No dio tiempo; declaramos las zonas de especial conservación, cerca de 60, e intentamos redactar un plan director que las englobara para no ir una por una, pero no dio tiempo a aprobarlo", reconocen técnicos de la Consellería de Medio Ambiente que presidía el socialista Manuel Vázquez. El departamento que preside ahora el popular Agustín Hernández tampoco se ha interesado por aprobarlo pese a que se agota el plazo.

"Somos únicos en el incumplimiento de las normas que nos protegen", señala el senador nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza, que ayer registró un escrito en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil denunciando "atentado medioambiental" por parte de Iberdrola en el Canón do Sil y "tolerancia" de las administraciones". Bouza alude al agravante de que el entorno está protegido bajo catalogación de LIC, aunque no haya ley que lo ampare. "Pero al menos que vigilen, porque con esas obras se están cargando el hábitat; no hay que ser técnico, basta con verlo para advertir que lo destrozaron", protesta el senador.

Los técnicos de la Confederación Hidrográfica le corrigen. Aseguran que hay vigilancia medioambiental a cargo de la propia empresa. "Iberdrola se comprometió a realizar mediciones de los parámetros y hasta ahora dan todos bien", sostiene el técnico Agustín Sevilla, "hasta el momento no ha habido mortandad de peces y mañana [por hoy] finalizan las obras".

El Ministerio de Medio Ambiente no detecta delito ambiental, pero Bouza rechaza las explicaciones. "¿Cómo no van a morir los peces si secaron un tramo del río?", argumenta, y advierte que acudirá a la Fiscalía si el lunes la Confederación Hidrográfica y la Xunta no ponen fin "a este escándalo y falta de responsabilidad". Bouza ha registrado una pregunta en el Senado reclamando la paralización cautelar del proyecto. El senador se hace eco de declaraciones de ecologistas, vecinos y ayuntamientos según las cuales "no se sometió a información pública" y la empresa "empezó las obras antes de tener autorización".