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San Glorio: El Tribunal Supremo da la razón a los ecologistas

SAN GLORIO: EL SUPREMO DA LA RAZÓN A LOS ECOLOGISTAS



Fuente: Plataforma en Defensa de San Glorio


El Tribunal supremo, la máxima autoridad en Derecho de nuestro país, ha dado la razón a los grupos ecologistas en el caso San Glorio ratificando las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.


El Tribunal dice que no hay informes que avalen el cambio en el PORN -Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Fuentes Carrionas- original que prohibía la construcción de estaciones de esquí alpino, y ratifica las sentencias del TSJCYL que ya dictaminaron en su día que el cambio, que permitía la estación de esquí, fue injustificado e ilegal.


Se da la paradoja que entre un fallo y otro, la Junta, para evitar someterse al poder judicial -los jueces-, utilizó el poder legislativo -las cortes-, aprobando una ley exactamente igual al decreto que hoy el Tribunal Supremo ha dicho que no es válido.


Mediante la aprobación de esta Ley, lo que hace es impedir que los particulares o las asociaciones  puedan recurrir ante el juez, así y en el caso de San Glorio, La Junta, sabedora  de no tener la razón, eligió el camino del totalitarismo que no es otro que no dejar hablar, no dejar defenderse a la parte contraria, en este caso, las asociaciones ecologistas que mantenían un pleito por este asunto.


Así, por vía legislativa no cabe que los particulares o las asociaciones interpongan recurso ante los tribunales ordinarios de justicia ya que contra una ley sólo se puede interponer un recurso de inconstitucionalidad y esto sólo lo puede hacer el Defensor del Pueblo, 50 diputados o el Presidente del Gobierno.


Así, de esta manera, por ley, se busca solo tener éxito, conseguir su fin, sin atender a razones jurídicas, con lo que este acto dinamita el derecho mismo ya que se niega a los particulares y asociaciones el derecho fundamental a defenderse -tutela judicial efectiva-,  y ofende y niega cualquier posibilidad de justicia, creando una sensación, ya no solo entre los implicados en este asunto, sino entre cualquier persona de bien, esté a favor de la estación de esquí o no, de falta de libertad y de falta de defensa de los valores esenciales en cualquier democracia.


¿Es una solución acallar al otro, no dejarle hablar y máxime cuando los tribunales le han dado la razón en derecho? Parece que estamos hablando de otro tiempo o de otro país.


Tenemos que advertir que las sentencias son de obligado cumplimiento para todos,  incluida por supuesto la Administración Pública, y que ésta, al valerse de las Cortes para vulnerar lo dispuesto por los tribunales, está quebrantando el principio del estado de derecho.


Actúa en este caso como agravante de esta actitud el empecinamiento por favorecer un proyecto privado, que derrocharía fondos públicos, recursos, que hoy más que nunca deben ser empleados correctamente.


No es ejemplo de buen hacer el dilapidar más de 8 años en tribunales sin buscar alternativas para el desarrollo sostenible de la zona, sin haber dado más opciones, sin hacer estudios rigurosos, valga como ejemplo el incumplimiento de la obligación legal para la Junta de  redactar los instrumentos de ordenación y gestión del Parque Natural durante 13 años desde la aprobación del PORN, y que sólo existan unas lamentables DOT aprobadas en marzo de 2011 redactadas con escaso rigor, mediante el sistema de corta y pega y con el único fin de dar cabida a la estación de esquí.


No es ejemplo de buena gestión en absoluto, el querer participar con el dinero de todos en la empresa privada que se formaría para la gestión de la estación, que como decimos es ilegal y económicamente inviable.


Desde un análisis riguroso no tiene lógica posible; jurídicamente el tribunal Supremo ya ha dicho que es una barbaridad injustificada e ilegal, la gestión de este tema está siendo desde un punto de vista profesional lamentable y a pesar de las palabras del consejero de Fomento el tema aún está muy lejos de resolverse.


Hay que recordar a este mismo Consejero que estamos inmersos en una crisis creada precisamente por proyectos megalómanos, sin ninguna rentabilidad, ilógicos e injustificados como éste.


Los grupos ecologistas y ciudadanos que creemos en la defensa de nuestros derechos y libertades constitucionales seguiremos utilizando las vías legales existentes para que prevalezca la justicia tal y como ha dictaminado el Tribunal Supremo.

 

Más información:  Javier Escudero   607230897  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.